Nada más falso que el precepto constitucional que
garantiza la igualdad ante la ley. En Chile, el sistema carcelario, por
ejemplo, reproduce el clasismo y la
desigualdad, propias de nuestra estructura social: a quienes cometen
delitos llamados “de cuello y corbata” no se les aplica ninguna penalidad, y
ellos saben, perfectamente, que por el solo hecho de ser ricos y con poder, les
da el privilegio de la más completa impunidad.
El régimen carcelario chileno se caracteriza por un
atropello permanente a los derechos humanos: los internos viven como cerdos y
en recintos superpoblados hacinados - lo
confirma un informe del ministerio de Justicia, que consigna un 70% de saturación
en las prisiones chilenas -; nuestro país tiene 50.000 personas en los penales,
una de las cifras más grandes del mundo si se considera el número de habitantes
del país, pero sólo los pobres van a la cárcel que son, como lo decía Luis
Emilio Recabarren, verdaderas universidades del delito. En una visita realizada
por los miembros de la Corte de Apelaciones se llegó a la conclusión de que hay
un alto porcentaje de reos que duermen en el suelo, sometido al frío, a la
promiscuidad, a los servicios higiénicos insalubres, a la alimentación deficiente
y “poco balanceada”, a las riñas – a veces con consecuencia de muerte - y, lo
que es peor, al trato vejatorio, cruel e inhumano, cuya culpa recae,
especialmente, en los gobernantes, que no han sido capaces de enfrentar este
grave problema.
Uno de los ejemplos más escandalosos de esta
desigualdad ante la ley lo constituyó, la semana recién pasada, el permiso de
una jueza para que el gerente de La Polar, responsable de la estafa de más de
un millón de chilenos pobres, pudiera pasar unas “felices fiestas patrias”,
nada menos que en Zapallar y exclusivos balnearios de la Región de Los Lagos;
la medida cautelar de prisión domiciliaria, desde ya irrisoria para un delito
de alta penalidad, se transformó en unas soñadas vacaciones que cualquier
imputado se quisiera – nada mejor que estafar a los chilenos y, además, ser
premiado -.
Manuel Contreras Sepúlveda, culpable de miles de
asesinatos y condenado a más de trescientos años – en cárcel de lujo, en el
Penal Cordillera, un antiguo lugar de esparcimiento para militares, dotado de
piscina, cancha de tenis, internet, quincho y demás comodidades de un lugar de
veraneo – se da el lujo ser entrevistado por dos canales de televisión,
amenazando, mintiendo y negando, a su gusto, los crímenes ejecutados por la
DINA, bajo su mandato, lo cual constituye un verdadero insulto a la mayoría de
los chilenos salvo algunos personajes recalcitrantes que aún añoran la tiranía.
Punto Peuco y Cordillera, si las comparamos con las cárceles para los
chilenos de a pie, son verdaderos hoteles de lujo, con visitas diarias, sin
límite de duración, cuando los internos comunes sólo la tienen una vez por
semana.
El drama de Chile es el olvido, por ejemplo, muy
pocos recuerdan que Punta Peuco fue una invención de Eduardo Frei Ruiz-Tagle -
presionado por los militares, que
exigían un trato preferencial
para los genocidas de la DINA y CNI – cuyo decreto está firmado por la
ministra de Justicia, Soledad Alvear. Ricardo Lagos Escobar, a la sazón
ministro de Obras Públicas, se negó, por
dignidad, a autorizar la construcción de Punta Peuco, por lo cual fue amenazado
con ser ser reemplazado por José Miguel
Insulza y al final, Lagos se doblegó. En cuanto al penal Cordillera, fue
habilitado durante el mandato de Lagos y, según el ex ministro Vidal, a este
“paraíso terrenal” llegó toda la plana mayor de la DINA, durante el gobierno de
Michelle Bachelet – aún hay tontos
útiles e intereses creados que quieren que se repita el plato -.
Como en este país
reina el cinismo – no confundirle con la hipocresía, que es lo opuesto –
un alto oficial de gendarmería en ejercicio dijo, muy orondo ante las cámaras
de televisión, que “Cordillera constituía el modelo de cárceles que debiera
existir en Chile” - esperemos sentados
que sean para los pobres – además,
expresó este personero que “los gendarmes, como fuerza armada, “trataban
con mayor deferencia a los generales privados de libertad y que no maltrataban
a los reos comunes”.
El trato especial que se da a los genocidas,
incluso cuando visitan el hospital militar - donde tienen todas las
prerrogativas, pues mantienen el grado de general - difiere, del cielo a la
tierra, con la forma en que atiende a cualquier chileno de a pie en los
hospitales públicos, por ejemplo. En Chile, la igualdad ante la ley es un
verdadero sarcasmo.
Para Tejemedios escribió:
RAFAEL LUIS GUMUCIO RIVAS
Historiador, Escritor, Doctor en Educación y ex
Diplomático