¿En qué consiste la libertad de educación?: En un
sistema liberal de mercado? La palabra
libertad tiene una acepción muy clara en las garantías constitucionales,
contenidas en la Carta Fundamental de 1980: no es pluralismo ideológico,
tampoco la elección, por parte de los padres y apoderados, del tipo de
educación que quieren dar a sus hijos; no es la libertad de educación,
defendida por don Abdón Cifuentes y el partido conservador, que no tiene que
ver en nada con los valores religiosos. Para los constituyentes de 1980, la
libertad, la igualdad y la justicia están supeditadas al mercado: el Estado
garantiza a los “sostenedores” la libertad de emprender, es decir, el derecho
ilimitado y sin control para fundar escuelas y universidades, sin mayores
regulaciones estatales. El mercado, como es lógico, debe basar su éxito en la
rentabilidad, y los métodos de enseñanza-aprendizaje están a su servicio.
Claramente, el establecimiento educacional que tenga más recursos, que esté
mejor administrado dentro de la lógica económica subsistirá y, aquellos menos
dotados en la lucha en el capitalismo salvaje tendrán que desaparecer. Esta
situación nos lleva al más puro y brutal darwinismo educacional. La derecha
concibe la educación como una labor subsidiaria del Estado, de ahí que el papel
del Ministerio de Educación sólo sea auxiliar a las empresas privadas
fracasadas: lo mismo que ocurre en el mundo económico, se da en el ámbito de la
educación. Por estas razones, no nos puede extrañar que la
enseñanza-aprendizaje sea un mero espejo de la
brecha social, cada día más inaceptable.
¿La municipalización ha contribuido a una educación
diferenciada regionalmente?
Hay municipios pobres y municipios ricos; hay corporaciones
educacionales bien administradas y con mucho dinero y las hay, también, muy
pobres y carentes de funcionarios para
una mejor gestión: el fondo común municipal no logra una mayor equidad entre
las distintas Comunas del país; es la
misma Asociación de Municipalidades, en reciente declaración, que reconoce que
el fardo de la función educativa dificulta a los alcaldes realizar sus tareas
propias de su cargo. Está claro que la municipalización pinochetista hizo agua
y sería una pérdida de tiempo y recursos ir en su auxilio, por consiguiente, no
queda otra salida que el Estado retome, como es nuestra tradición republicana,
el deber de garantizar, para todos los chilenos, una educación equitativa y de
calidad.
¿Puede Chile tener un proyecto educativo nacional,
si la educación es subsidiaria?
La subsidiariedad, según la doctrina tomista,
supone que la educación no es deber del Estado, sino tarea del emprendimiento
privado; sólo cuando los privados no son capaces de cumplir la tarea que se les
ha encomendado, el Ministerio de Educación viene en su auxilio. Los programas
de focalización, como el de 900 Escuelas, para la enseñanza básica, y el
Proyecto Montegrande, para la enseñanza media, por su limitado alcance y
cobertura no han tenido mayor incidencia en resolver el tema de inequidad y
mala calidad de nuestra educación; lo mismo ocurre con los MECES básico, rural,
de educación media y superior. La reforma educacional, planificada e
implementada por tecnócratas, ha demostrado una clara insuficiencia para dar
respuesta a una educación acorde con la dignidad de los estudiantes y con el
desarrollo del país. Un ministerio de educación con tan pocas facultades de
regulación, gestión y control muy poco puede hacer frente a la voracidad de los
sostenedores y privados, que han transformado los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un lucrativo negocio.
Los programas de reforzamiento de aprendizajes no
han demostrado aún resultados contundentes para lograr conocimientos y saberes
significativos y relevantes. Por lo demás, los sistemas de evaluación, respecto
a las escuelas beneficiadas con la subvención diferenciada son bastante
discutibles, pues aplican indicadores similares a los del SIMCE que, por su
uniformidad no diferencian las situaciones de los alumnos con carencias
económicas y, en muchos casos, cognitivas.
¿Qué diferencia existe entre la sociedad docente y
un Estado docente?
La derecha, que comprende la verdadera catástrofe
de la municipalización pinochetista, pretende plantear una sociedad docente,
una especie de entelequia utópica que, concordando con los grandes maestros del
neoliberalismo, supone que en la sociedad reina una perfecta igualdad de
oportunidades y que los aprendizajes de escuelas ricas y pobres son iguales, o
las regula el mercado, ente perfecto para alcanzar la igualdad jurídica, que no
tiene nada que ver con la equidad social y educativa. En Chile sólo el Estado
docente, que tiene una larga tradición histórica puede enfrentar, junto a la
sociedad, un proyecto educativo nacional que evite las injusticias del
darwinismo social. Es evidente que no queremos repetir, exactamente, las
experiencias de los grandes educacionistas del siglo XIX y XX, como Valentín
Letelier, Abelardo Núñez, Alejandro Venegas, Diego Barros Arana, y otros; ahora
hay que pensar un Estado que abra canales de participación creciente, de los
distintos agentes del sistema educativo y de la sociedad en general.
¿Qué debemos hacer para lograr una mejor calidad y
equidad en nuestra educación?
El siglo XXI
es la sociedad del conocimiento. Una educación precaria condena a las mayorías a la miseria y la
pobreza privándolas del acceso a las oportunidades que nos entrega el mundo del
conocimiento y niega las herramientas para hacer frente a una sociedad cada vez
más compleja y incierta
Para El Examinador.cl
RAFAEL LUIS GUMUCIO RIVAS
HISTORIADOR, ESCRITOR, DOCTOR EN EDUCACIÓN